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Un demorado reglamento tiene en punto muerto a la “Ley Chao Cables”

Publicado Diciembre 28, 2022

Un demorado reglamento tiene en punto muerto a la “Ley Chao Cables”

En agosto de 2019 fue promulgada la norma legal que obliga a las empresas a hacerse cargo de la “chatarra aérea”.

En un tremendo inconveniente se han convertido los cables en desuso, o la “chatarra aérea”, que aparte de la contaminación visual que provocan también pueden generar accidentes, lo que motivó la materialización de una norma legal hace más de tres años.

Se trata de la Ley 21.172, promulgada el 12 de agosto de 2019 y publicada ocho días después en el Diario Oficial.

En resumen, regula el tendido y el retiro de líneas aéreas y subterráneas. Y la ley dice que los cables en desuso “serán calificados como desechos y deberán ser retirados por la respectiva concesionaria o permisoria a su costa” (las empresas de telecomunicaciones y las de energía eléctrica).

Para ello se da un plazo que “no podrá superar los cinco meses desde la calificación de desecho”. Y “el incumplimiento de esta obligación será sancionado con una multa de beneficio municipal de cien a mil UTM (de $6.115.700 a $61.157.000 durante este mes)”.

Si las empresas no sacan los cables tras ese plazo, “los municipios podrán retirar estos elementos a costa de las empresas, exigiendo el reembolso de todos los costos asociados”.

Claro como el agua. Pero el gran problema que hay es con el reglamento de la Ley, como respondieron a Publimetro desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

El reglamento de la “Ley Chao Cables” actualmente está en una fase de revisión, lo cual impide tener un balance específico respecto a metros o cables retirados. No obstante, las municipalidades cuentan con herramientas que les permiten ejecutar los retiros de los escombros aéreos”.

Y esas herramientas que indica la Subtel son ordenanzas municipales y/o mesas de trabajo con las empresas.

Pedro Huichalaf, ex subsecretario de Telecomunicaciones, explicó que “se tarda mucho con los reglamentos pues no hay decisión política de la autoridad para sacarlos. Se empieza a escuchar a las empresas, que en el buen sentido de la palabra hacen lobby, o a otros intervinientes, pese a que las leyes como esta son claras en su aplicación. Y entran también a tallar impugnaciones y consultas, que dilatan el proceso”.